Según Hevia (1991), en la mayoría de las empresas su pasivo más influyente es la debilidad de sus sistemas de control, que invitan por su ineficacia al fraude.
Interpretando a Hevia, el fraude está presente en mayor o menor medida en todas los gobiernos regionales, cualquiera que sea su tamaño o actividad. Partiendo de esta realidad incuestionable, los gobiernos deberían protegerse adecuadamente de este peligro.
La lucha contra el fraude en un gobierno regional no es una función que corresponda a una determinada unidad o departamento; es la tarea de todos y cada uno de los responsables y de los empleados del mismo.
Si no hay ninguna norma, instrucción o procedimiento escrito en materia de fraudes, no hay una política concreta y debidamente institucionalizada y conocida sobre fraudes, por tanto la auditoría integral debe establecer las recomendaciones del caso, en el marco de su función asesora.
Los gobiernos regionales deben conocer muy bien las motivaciones y estímulos del fraude y actuar en consecuencia.
La creación de fuentes de información dentro del gobierno regional, animando a todo el personal a colaborar en la lucha contra el fraude, a través de los canales establecidos al efecto, es algo que debe ser considerado y no rechazado.
Todas las precauciones y medidas instauradas para luchar contra el fraude, deben ser conocidas y difundidas en el ámbito del gobierno regional.
La lucha contra el fraude es un deber impuesto a los Consejeros, como defensa de los intereses del Estado y la Sociedad.
El componente imprescindible de una buena gestión corporativa en un gobierno regional, es un sistema de disuasión, detección, investigación e información sobre el fraude, adecuado a las necesidades y características de cada gobierno.
La transparencia es el mejor antídoto contra el fraude; por transparencia entendemos que todos están informados de las actividades y operaciones del gobierno regional. Transparencia es lo opuesto al ocultismo generalizado que erróneamente es aplicado por algunas autoridades, facilitando de esta forma el desarrollo del fraude.
Según Brión (2001), resulta indudable que una empresa no es de por sí fraudulenta o corrupta. Lo son las personas que tienen a su cargo la dirección y, por ende, deben asumir la responsabilidad por los actos de la misma, aunque a veces traten de desconocer determinados actos con el fin de diluir sus responsabilidades.
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