sábado, 4 de julio de 2015

EFICACIA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (IV)

Para que los gobiernos regionales alcancen eficacia, deben cumplir estas tres condiciones básicas:
• Alcance de los objetivos institucionales;
• Mantenimiento del sistema interno; y,
• Adaptación al ambiente externo.
El alcance de la eficacia tropieza con la complejidad de exigencias de una entidad como sistema abierto. La eficacia y el éxito empresarial constituyen un asunto muy complejo debido a las relaciones múltiples que se establecen con los elementos ligados a la entidad.
Cuando el gobierno regional se preocupa por hacer correctamente las cosas está transitando a la eficiencia (utilización adecuada de los recursos disponibles) y cuando utiliza instrumentos para evaluar el logro de los resultados, para verificar las cosas bien hechas con las que en realidad debían realizarse, entonces se encamina hacia la eficacia (logro de los objetivos mediante los recursos disponibles).

viernes, 3 de julio de 2015

EFICACIA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (III)

Si un gobierno regional dispone de estas variables, refleja el estado interno y la salud de dicha entidad. Los gobiernos regionales, dependen de la fuerza financiera o económica; pero deben tener en cuenta algunas medidas de eficacia administrativa, como por ejemplo:
• capacidad del gerenciamiento corporativo para encontrar fuerza laboral adecuada;
• Elevados niveles de moral de los empleados y satisfacciones en el trabajo;
• Bajos niveles de rotación;
• Buenas relaciones interpersonales;
• Percepción de los objetivos de la entidad;
• Buena utilización de la fuerza laboral calificada.

jueves, 2 de julio de 2015

EFICACIA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (II)

La eficacia, es la medida normativa del logro de los resultados. Los gobiernos regionales disponen de indicadores de medición de los logros de las funciones que le compete. Cuando se logren dichos resultados o estándares, se habrá logrado el objetivo. Para obtener eficacia tienen que darse algunas variables como:
• Cualidades de la organización del gobierno regional;
• Nivel de confianza e interés de los directivos, funcionarios y trabajadores;
• Motivación del personal;
• Desempeño cabal y ético de sus funciones;
• Capacidad de la Organización de los programas, proyectos y actividades;
• Información y comunicación en todos los niveles;
• Interactuación efectiva con el entorno y con el interno;
• Toma de decisiones efectiva en relación con las metas, objetivos y misión institucional.

miércoles, 1 de julio de 2015

EFICACIA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (I)

Los gobiernos regionales realizan funciones normativas y reguladoras, de planeamiento, administrativa y ejecutiva, promoción de las inversiones y de supervisión, evaluación y control. Todos los recursos y esfuerzos del gobierno regional deben establecer una sinergia, de modo que pueda alcanzar la eficacia en cada una de estas funciones, no solo por el gobierno regional si no por que es una exigencia y necesidad de la colectividad.
La eficacia o efectividad, se refiere al grado en el cual los gobiernos regionales logran sus objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse fijados por las autoridades, directivos o exigidos por la sociedad.
La eficacia, es la virtud, fuerza y poder para gestionar, en nuestro caso, las empresas de transporte urbano.
La eficacia o efectividad es el grado en el que se logran los objetivos institucionales. En otras palabras, la forma en que se obtienen un conjunto de resultados refleja la efectividad, mientras que la forma en que se utilizan los recursos para lograrlos se refiere a la eficiencia.

martes, 30 de junio de 2015

EFICIENCIA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

La administración regional se ejerce bajo un sistema gerencial y se sustenta en la planificación estratégica, organización, dirección, ejecución, evaluación y control, dentro del marco de las normas emitidas por los sistemas administrativos nacionales; para estos efectos necesita llevar a cabo un conjunto de efectividades con eficiencia.
La eficiencia, está referida a la relación existente entre los servicios prestados o entregados por los gobiernos regionales y los recursos utilizados para ese fin (productividad), en comparación con un estándar de desempeño establecido..
La eficiencia, también puede ser conceptualizada como la virtud para lograr un efecto determinado; tal como sucede con los gobiernos regionales al facilitar la solución de los problemas que enfrentan los la comunidad regional.
La eficiencia, es la relación entre costos y beneficios enfocada hacia la búsqueda de la mejor manera de hacer o ejecutar las tareas (métodos), con el fin de que los recursos (humanos, materiales y financieros) se utilicen del modo más racional posible.
La racionalidad implica adecuar los medios utilizados a los fines y objetivos que se deseen alcanzar, esto significa eficiencia, lo que lleva a concluir que los gobiernos regionales van a ser racionales si se escogen los medios más eficientes para lograr los objetivos deseados, teniendo en cuenta que los objetivos que se consideran son los organizacionales y no los individuales. La racionalidad se logra mediante, normas y reglamentos que rigen el comportamiento de los componentes en busca de la eficiencia.
La eficiencia busca utilizar los medios, métodos y procedimientos más adecuados y debidamente planeados y organizados para asegurar un óptimo empleo de los recursos disponibles. La eficiencia no se preocupa por los fines, como si lo hace la eficacia, si no por los medios.
La eficiencia, se puede medir por la cantidad de recursos utilizados en la prestación de servicios a la comunidad. La eficiencia aumenta a medida que decrecen los costos y los recursos utilizados. Se relaciona con la utilización de los recursos para obtener un bien u objetivo.

lunes, 29 de junio de 2015

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN (II)

El Estado, participa activamente en defensa de sus intereses con las Normas de Control Interno para el Sector Público, aprobadas por Resolución de Contraloría No. 072-98-CG. Estas normas deben ser aplicadas por los directivos, funcionarios y trabajadores de todas las entidades públicas, entre estas, por los gobiernos regionales. También deben ser aplicadas por los auditores internos o externos; auditores financieros o integrales, por todos.
Las Normas de Control Interno para el Sector Público son guías generales dictadas por la Contraloría General de la República, con el objeto de promover una sana administración de los recursos públicos en las entidades en el marco de una adecuada estructura de control interno. Estas normas establecen las pautas básicas y guían el accionar de las entidades del sector público hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones. Los titulares de cada entidad son responsables de establecer, mantener, revisar y actualizar la estructura de control interno, que debe estar en función de la naturaleza de sus actividades y volumen de operaciones, considerando en todo momento el costo-beneficio de los controles y procedimientos implantados. Las normas de control interno se fundamentan en principios y prácticas de aceptación general, así como en aquellos criterios y fundamentos que describen el marco general de la estructura de control interno.

domingo, 28 de junio de 2015

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN (I)

Los colegios profesionales son instituciones del Estado y la Sociedad. La Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú – Junta de Decanos, con fecha 15.02.2000 aprobó la aplicación en el Perú de las Normas Internacionales de Auditoría y Servicios Relacionados. Con esta norma para uso de los auditores. De este modo, esta entidad proporciona a los auditores peruanos los lineamientos contenidos en las Normas Internacionales de Auditoría, para ser aplicadas en la auditoría de los estados financieros y a otro tipo de información con la adaptación necesaria. Estas normas contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales junto con lineamientos relativos en forma de material explicativo y de algún otro tipo.
En relación con la investigación tenemos la Norma Internacional de auditoría 240: Fraude y Error; la cual establece que al planear y aplicar procedimientos de auditoría y al evaluar e informar los resultados, el auditor debería considerar el riesgo de distorsiones materiales en los estados financieros, originados por un fraude o error. De acuerdo con esta norma, el término fraude se refiere a un acto intencional por parte de uno o más individuos del área de administración, empleados, o terceros, que genera una distorsión en los estados financieros. El fraude puede implicar: i) Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos; ii) Malversación de recursos; iii) Supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros o documentos; iv) Supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros o documentos; v) Registros de transacciones sin sustento; y, vi) Aplicación indebida de políticas contables. La norma indica que el término error se refiere al acto no intencional que produce una distorsión en los estados financieros, como: i) Equivocaciones matemáticas o de procesamiento en los registros sustentatorios y en los datos contabilizados; ii) Omisión e interpretación equivocada de hechos; iii) aplicación indebida de políticas contables.
La responsabilidad por la prevención y detección de fraude y error descansa en la gerencia que debe implementar y mantener sistemas de contabilidad y de control interno apropiados y permanentemente operativos. Tales sistemas reducen pero no eliminan la posibilidad de fraude y error. El auditor no es y no puede ser responsable de la prevención del fraude o error. Sin embargo, el hecho de que se lleve a cabo una auditoría anual, puede servir para contrarrestar fraudes o errores. Al planear la auditoría, el auditor debería evaluar el riesgo de distorsión material que el fraude o error pueda producir en los estados financieros, y debería indagar ante la gerencia si existen fraudes o errores significativos que hayan sido descubiertos. Basado en la evaluación del riesgo, el auditor debería diseñar procedimientos de auditoría para obtener seguridad razonable de que sean detectadas las distorsiones producidas por fraude o error que tengan un efecto material en los estados financieros tomados en su conjunto.