lunes, 27 de octubre de 2014

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN - II

1.1.     PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.1.     DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
El poder judicial de nuestro país desde siempre ha procesado, viene procesando y de seguro procesará a personal que en condición de directivo, funcionario o trabajador del Estado, ha realizado fraudes y/o actos de corrupción.
El Congreso de la República, dispone de una Comisión de Fiscalización, la misma que ha tratado, trata y de seguro seguirá tratando casos de fraude y corrupción en el sector público.
La Contraloría General de la República como parte de su función constitucional, ha determinado, viene determinado y seguro seguirá encontrando casos de fraude y corrupción.
Los órganos de control interno de las entidades del estado desde siempre han venido realizando acciones de control para confirmar fraudes y/o actos de corrupción.
Los medios de comunicación: canales de televisión, radios, revistas, periódicos permanentemente incrementan sus ventas gracias a la publicación de denuncias de fraude y corrupción cometidas por directivos, funcionarios y trabajadores del Estado; de este modo se divulgan complejas malversaciones, grandes fraudes institucionales y delitos de función que el ciudadano común y corriente no puede sino asombrarse ante el evidente ingenio y "eficiencia" con que actúan estas personas.
Todo este panorama, nos lleva a indicar que el fraude y la corrupción se han convertido en "instituciones" intangibles y amorfas que de alguna manera involucra a directivos, funcionarios y trabajadores del Estado, a las mismas instituciones y al Estado en general.
Ante esta situación se ha llegado a indicar que la corrupción es un mal incurable, que siempre se encuentra de moda en nuestro país y especialmente en el sector gubernamental.
Los analistas coinciden en señalar que el fraude y la corrupción parecen ser actos ilegales institucionalizados en el quehacer institucional, tanto en el gobierno general, gobierno regional como gobierno local.
La auditoría interna, la auditoría financiera, la auditoría de gestión y los exámenes especiales que se aplican en el sector gubernamental de nuestro país, no vienen aportando "la vitamina" que necesitan los gobiernos regionales para adoptar una política severa a la par justa y decidida para no tolerar el comportamiento fraudulento y de corrupción de los directivos, funcionarios y trabajadores de los niveles de gobierno de nuestro país. Asimismo este tipo de auditorías no presentan propuestas para el diseño e implementación de una serie de procedimientos, técnicas y prácticas, algunas de tipo general y otras específicas que limiten el fraude y la corrupción.
Por otra parte, se ha observado que los equipos de auditoría, de los tipos antes mencionados, han venido adoptando una tibia actitud frente a los actos ilegales de los directivos, funcionarios y trabajadores de los niveles de gobierno, probablemente para no comprometerse y mantener una relación armónica con sus clientes gubernamentales, aunque esta sea ficticia. Una real preocupación en las auditorías que no son integrales, es la ausencia de documentación técnica que precise y determine el rol y la actitud con el que debe actuar el auditor independiente en los casos en que se identifique determinados actos de corrupción con sus clientes

Las auditorias diferentes a la integral, no tienen mecanismos para que el auditor independiente en el ejercicio profesional pueda determinar errores, fraudes, actos ilegales, malversación y en general otros actos que podrían vincularse directamente con la corrupción.

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