1.1. PROBLEMAS DE LA
INVESTIGACIÓN
1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA
REALIDAD PROBLEMÁTICA
El poder judicial de nuestro país desde siempre ha procesado, viene
procesando y de seguro procesará a personal que en condición de directivo,
funcionario o trabajador del Estado, ha realizado fraudes y/o actos de
corrupción.
El Congreso de la
República , dispone de una Comisión de Fiscalización, la misma
que ha tratado, trata y de seguro seguirá tratando casos de fraude y corrupción
en el sector público.
Los órganos de control interno de las entidades del estado desde siempre
han venido realizando acciones de control para confirmar fraudes y/o actos de
corrupción.
Los medios de comunicación: canales de televisión, radios, revistas,
periódicos permanentemente incrementan sus ventas gracias a la publicación de
denuncias de fraude y corrupción cometidas por directivos, funcionarios y
trabajadores del Estado; de este modo se divulgan complejas malversaciones,
grandes fraudes institucionales y delitos de función que el ciudadano común y
corriente no puede sino asombrarse ante el evidente ingenio y "eficiencia"
con que actúan estas personas.
Todo este panorama, nos lleva a indicar que el fraude y la corrupción se
han convertido en "instituciones" intangibles y amorfas que de alguna
manera involucra a directivos, funcionarios y trabajadores del Estado, a las
mismas instituciones y al Estado en general.
Ante esta situación se ha llegado a indicar que la corrupción es un mal
incurable, que siempre se encuentra de moda en nuestro país y
especialmente en el sector gubernamental.
Los analistas coinciden en señalar que el fraude y la corrupción parecen
ser actos ilegales institucionalizados en el quehacer institucional, tanto en
el gobierno general, gobierno regional como gobierno local.
La auditoría interna, la auditoría financiera, la auditoría de gestión y los
exámenes especiales que se aplican en el sector gubernamental de nuestro país,
no vienen aportando "la vitamina" que necesitan los gobiernos
regionales para adoptar una política severa a la par justa y decidida para no
tolerar el comportamiento fraudulento y de corrupción de los directivos,
funcionarios y trabajadores de los niveles de gobierno de nuestro país.
Asimismo este tipo de auditorías no presentan propuestas para el diseño e
implementación de una serie de procedimientos, técnicas y prácticas, algunas de
tipo general y otras específicas que limiten el fraude y la corrupción.
Por otra parte, se ha observado que los
equipos de auditoría, de los tipos antes mencionados, han venido adoptando una
tibia actitud frente a los actos ilegales de los directivos, funcionarios y
trabajadores de los niveles de gobierno, probablemente para no comprometerse y
mantener una relación armónica con sus clientes gubernamentales, aunque esta
sea ficticia. Una real preocupación en las auditorías que no son integrales, es
la ausencia de documentación técnica que precise y determine el rol y la
actitud con el que debe actuar el auditor independiente en los casos en que se
identifique determinados actos de corrupción con sus clientes
Las auditorias diferentes a la integral, no tienen mecanismos para que el
auditor independiente en el ejercicio profesional pueda determinar errores,
fraudes, actos ilegales, malversación y en general otros actos que podrían
vincularse directamente con la corrupción.
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